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Derecho Público FJ

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Jugadas 5

Sobre esta actividad

ánimooo

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ánimooo

por nai
1

Una reforma de las disposiciones constitucionales relativas a la configuración de la Corona

2

¿Cuál es correcta?

3

En el procedimiento de reforma constitucional ordinaria

4

El procedimiento legislativo trata de manera más favorable

5

El Congreso de los Diputados podrá aprobar una ley ordinaria pese a que cuente con el rechazo del Senado

6

El Gobierno puede aprobar normas con rango de ley

7

Cuando se aprueba un Decreto-Ley

8

Según la Constitución Española, ¿quién es responsable de negociar y concluir tratados internacionales y quién autoriza su firma?

9

Los reglamentos

10

Si el Congreso de los Diputados vota a favor de una ley y el Senado en contra

Explicación

Al afectar al Título Preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, o al Título II (La Corona), se aplica el procedimiento agravado (Art. 168 CE), el cual exige obligatoriamente la ratificación mediante referéndum.

La CE no tiene "cláusulas de intangibilidad"; todo es reformable. No todas se reforman igual (existen el procedimiento ordinario y el agravado). No puede iniciarse una reforma en tiempo de guerra o vigencia de estados de alarma, excepción o sitio (Art. 169).

Según el Art. 167.3, la reforma será sometida a referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (Congreso o Senado) dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

Los Proyectos de Ley (presentados por el Gobierno) tienen prioridad en la tramitación parlamentaria sobre las Proposiciones de Ley (presentadas por el Congreso, Senado, CCAA o ILP).

El Senado tiene un poder de veto limitado. El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, pasados dos meses, por mayoría simple (Art. 90.2 CE). Esto aplica tanto a leyes ordinarias como orgánicas.

El Gobierno sí puede aprobar normas con rango de ley mediante Decretos-Leyes (en casos de extraordinaria y urgente necesidad) y Decretos Legislativos (por delegación de las Cortes). Ninguna de las opciones anteriores refleja correctamente esta potestad constitucional (Arts. 82 y 86).

El Decreto-Ley entra en vigor inmediatamente, pero debe ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación (Art. 86.2 CE).

La dirección de la política exterior corresponde al Gobierno (Art. 97). Las Cortes deben autorizar previamente los tratados de carácter político, militar, integridad territorial, derechos fundamentales o que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública (Art. 94.1).

Los reglamentos no pueden regular derechos fundamentales (reserva de ley). Pueden ser anulados por los tribunales ordinarios (jurisdicción contencioso-administrativa), no solo por el TC. Y, son aprobados por la Administración (Gobierno estatal, autonómico o local), no por el "legislador".

El sistema español es de un bicameralismo imperfecto. El Congreso tiene la última palabra y puede ratificar el texto original tras el veto del Senado.

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