Ana Torres (34 años) vive junto a su hijo Martín (11 años) en un departamento arrendado en la comuna de Chillán Viejo. Ana trabaja como vendedora en un local comercial con contrato part-time, jornada de 20 horas semanales. Su ingreso mensual es de $260.000, más asignación familiar.
El padre de Martín, Luis, no mantiene relación con el niño y no aporta económicamente desde hace 2 años. La familia no cuenta con redes de apoyo estables.
En el último mes, la escuela de Martín ha reportado inasistencias reiteradas y dificultades conductuales. La profesora jefa señala que el niño parece “cansado, distraído y preocupado”. También menciona comentarios del niño respecto a estar “solo en las tardes”.
Ana refiere que durante algunas jornadas debe trabajar turnos adicionales para cubrir gastos y deja a Martín al cuidado del vecino del piso inferior. Sin embargo, este vecino ya no puede seguir apoyando.
La dueña del departamento les informó hace una semana que subirá el arriendo a partir del próximo mes, lo que agrava la situación económica de la familia. Ana expresa angustia y temor a quedar en situación de morosidad.
Ella solicita apoyo para “ordenar su situación, recibir orientación y saber qué ayuda existe”.
