De
acuerdo
con
la
de
Colombia
,
en
caso
de
grave
perturbación
del
orden
público
que
atente
de
manera
inminente
contra
la
estabilidad
institucional
,
la
seguridad
del
Estado
,
o
la
convivencia
ciudadana
y
que
no
pueda
ser
conjurada
mediante
el
uso
de
las
atribuciones
ordinarias
de
las
autoridades
de
,
el
Presidente
de
la
República
,
con
la
firma
de
todos
los
,
podrá
declarar
el
de
,
en
toda
la
república
o
parte
de
ella
,
por
término
no
mayor
de
días
,
prorrogable
hasta
por
dos
períodos
iguales
,
el
segundo
de
los
cuales
requiere
concepto
previo
y
favorable
del
de
la
.
Mediante
tal
declaración
,
el
gobierno
tendrá
las
facultades
estrictamente
necesarias
para
conjurar
las
causas
de
la
perturbación
e
impedir
la
extensión
de
sus
efectos
.
Los
decretos
legislativos
que
dicte
el
gobierno
podrán
suspender
las
incompatibles
con
el
Estado
de
Conmoción
y
dejarán
de
regir
tan
pronto
como
se
declare
restablecido
el
orden
público
.
Desde
la
promulgación
de
la
Constitución
de
1991
,
el
estado
de
conmoción
interior
ha
sido
decretado
en
siete
oportunidades
,
cuatro
de
las
cuales
fueron
respaldadas
por
la
.
La
primera
fue
el
10
de
julio
de
1992
por
el
gobierno
de
,
con
el
fin
de
evitar
la
excarcelación
de
personas
procesadas
por
terrorismo
y
narcotráfico
.
La
Corte
le
dio
su
aprobación
.
La
segunda
conmoción
interior
,
fue
decretada
el
8
de
noviembre
de
1992
,
que
estuvo
motivada
por
una
escalada
terrorista
de
la
guerrilla
y
la
intimidación
de
funcionarios
y
contratistas
,
así
como
por
los
ataques
a
algunas
cárceles
.
Luego
,
el
1º
de
mayo
de
1994
,
la
administración
volvió
a
tomar
la
misma
determinación
para
evitar
otra
vez
la
salida
masiva
de
presos
peligrosos
de
cárceles
debido
a
la
morosidad
de
la
justicia
.
Sin
embargo
,
la
Corte
declaró
su
,
ya
que
,
después
de
dos
años
de
haberse
decretado
la
primera
por
las
mismas
causas
,
no
se
habían
emprendido
mecanismos
para
conjurar
la
situación
problemática
.
En
agosto
de
1995
,
el
gobierno
de
apeló
a
este
mecanismo
con
el
objetivo
de
fortalecer
la
justicia
y
el
sistema
penitenciario
,
así
como
tipificar
ciertos
delitos
y
reformar
algunos
procedimientos
que
permitieran
luchar
de
manera
más
eficiente
contra
los
grupos
armados
y
la
delincuencia
común
.
La
Corte
no
avaló
este
procedimiento
,
pues
consideró
que
las
razones
esgrimidas
por
el
ejecutivo
no
habían
sido
suficientes
para
pasar
por
alto
los
mecanismos
"
normales
"
de
defensa
.
Posteriormente
,
en
noviembre
de
1995
,
se
decretó
un
nuevo
estado
de
conmoción
tras
el
asesinato
del
dirigente
político
Álvaro
Gómez
Hurtado
.
En
esta
ocasión
,
la
Corte
considero
que
la
alteración
del
orden
público
justificaba
las
.
Para
el
12
de
agosto
de
2002
se
volvió
a
recurrir
al
estado
de
conmoción
interior
,
cinco
días
después
de
posesionado
el
presidente
,
ante
la
escalada
de
ataques
de
la
guerrilla
y
de
los
grupos
paramilitares
.
La
Corte
respaldó
dicha
decisión
.
Finalmente
,
el
9
de
octubre
de
2008
se
declaró
nuevamente
el
estado
de
conmoción
interior
por
un
período
de
,
con
el
objetivo
de
conjurar
un
paro
judicial
que
afectaba
considerablemente
la
prestación
de
justicia
a
la
sociedad
.
Bibliografía
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