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1. 
Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior en colegios y guarderías y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apueste por un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, aportaron el 46 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012. "China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación", señala un experto. Adaptado de: http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-medidas-pekiny-parte-china-siguen-bajo-elevada-contaminacion. En esta situación, ¿Cuáles dimensiones están en conflicto?
A.
La educativa y la ambiental.
B.
La cultural y la educativa.
C.
La económica y la ambiental.
D.
La cultural y la económica.
2. 
Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la propuesta, ¿Qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta?
A.
Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos.
B.
Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados.
C.
Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad.
D.
Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados, y los de la Policía encargada de la seguridad en la ciudad.
3. 
El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más a fin con la propuesta de legalización?
A.
Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su comercialización no debería estar bajo ningún control.
B.
Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad recae sobre los países consumidores.
C.
Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan tratamientos médicos.
D.
En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida.
4. 
En un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes: “El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad”, “Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad” y “La ciudad y la Alcaldía están sometidas a los criminales”. Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿Qué deberían revisar los ciudadanos principalmente?
A.
El plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad
B.
Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos.
C.
Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó.
D.
Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo bien o no
5. 
El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Según la Constitución política de Colombia, en esta situación el gobierno
A.
actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
B.
favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general.
C.
mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común.
D.
debió hacer una consulta popular para resolver este problema.
6. 
La crisis económica que se desató en 1929, en Estados Unidos, también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y, por consiguiente, sus importaciones. Para contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la sustitución de importaciones, que consistió en
A.
prohibir el ingreso de toda clase de productos extranjeros.
B.
otorgar total libertad de producción, de cambio y de consumo.
C.
producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior
D.
dejar actuar libremente las leyes de la oferta y la demanda.
7. 
La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, respecto a la población, fue el
A.
traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano.
B.
crecimiento de la población rural sobre la urbana.
C.
nacimiento de una élite propietaria de la tierra.
D.
desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado.