Tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
Mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la Ley 100 de 1993.
Está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten.
También propende por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos.
