Fomentar la especialización de los colectivos profesionales
Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género,
Promover la colaboración y participación
Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial
Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos
Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley
Fortalecer el marco penal y procesal vigente
Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención,
Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer,
Garantizar el principio de transversalidad de las medidas,
Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género,
que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.
impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.
os servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.
con el fin de facilitar su integración social.
exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.